¿Cuántos años de residencia hacen falta para la nacionalidad española?
Diez como regla general, según el artículo 22.1 del Código Civil. Cinco para quien haya obtenido la condición de refugiado y dos para los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y para los sefardíes. El artículo 22.2 fija un año para varios supuestos, entre ellos el cónyuge de español que lleve un año casado y no separado, y quien haya nacido en territorio español.
¿Cuántos días se puede salir de España sin romper la continuidad?
La ley española no fija ninguna cifra. El artículo 22.3 del Código Civil solo exige que la residencia sea legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. La continuidad se juzga sobre la residencia efectiva, así que las ausencias cortas y justificadas no la rompen mientras el domicilio habitual, el trabajo y la vida familiar sigan en España. Cualquier página que le dé un número exacto se lo está inventando.
¿Hay que renunciar a la nacionalidad anterior?
El artículo 23.b del Código Civil exige declarar que se renuncia a la nacionalidad anterior. El alcance real de esa renuncia depende del otro país: el artículo 24.1 dice que “la adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir, conforme a este apartado, la pérdida de la nacionalidad española de origen”. Compruebe siempre las dos legislaciones antes de solicitar.
¿Cuánto tarda la resolución y qué pasa si se pasa el plazo?
El Reglamento da a la DGSJFP un plazo máximo de un año desde la entrada de la solicitud. Transcurrido ese plazo sin resolución expresa, se entienden desestimadas las solicitudes, es decir, el silencio es negativo. Eso no cierra el asunto: abre la vía del recurso. En la práctica muchos expedientes tardan entre uno y dos años.
¿La prueba CCSE y el DELE A2 son lo mismo?
No. El artículo 6.1 del Real Decreto 1004/2015 exige superar las dos: el DELE de nivel A2 o superior, que evalúa el español como lengua, y el CCSE, que evalúa el conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural españolas. Las organiza el mismo Instituto Cervantes, pero se reservan, se pagan y se hacen por separado.
